El Consejo Consultivo del Registro Nacional de las Personas (Renap) hizo una evaluación sobre la labor de la institución en la emisión de Documentos Personales de Identificación (DPI). El estudio establece que las elecciones de 2011 se realizarán con 2 documentos, si no se corrigen las deficiencias identificadas.
La ley establece que el 31 de diciembre de 2010 pierde validez la cédula de vecindad, para ello sería necesario emitir 500 mil documentos mensuales; sin embargo, en las observaciones se indica que el ritmo es cinco veces menor. Las causas van desde sistemas informáticos incompletos por parte de la empresa encargada del documento, hasta la falta de un mecanismo de transporte para el DPI. El informe señala que en algunos casos se aprovechan los viajes de trabajadores de la institución al interior para que lleven los documentos a las sedes departamentales.
A esto se suma que el Renap aún está en la fase de digitalización de partidas de nacimiento y según el informe, el proceso está lejos de concluir.
Enrique Cossich, director Ejecutivo del Renap, indicó que las dificultades se derivan de los problemas que provoca la falta de recursos en la Institución y del estado de los Registros Civiles que recibienron.
Para corregir la situación sería necesario que la entidad ampliara los horarios de labores y contratara más personal. Según Cossich es posible cumplir con el plazo legal, sólo si el Renap recibe las asignaciones presupuestarias suficientes, pero los recursos han sido limitados.
Mario Taracena, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, expresó que tiene prevista una reunión con las autoridades del Renap, para que le expliquen sus necesidades y la forma en que planean cumplir con los objetivos.
Édgar Pape, representante del sector empresarial en el Consejo Consultivo, indicó que sostendrán una reunión con los directivos de la institución el próximo miércoles para tratar de resolver el problema.
Otro problema señalado es la interferencia del representante del Congreso en el directorio, Mauricio Radford, en las labores ejecutivas. Según Radford, al principio pudo darse esta situación “de buena fe y sin el ánimo de interferir” debido a la falta de asesoría jurídica, pero en este momento ningún miembro del directorio va más allá de las funciones establecidas en la ley.
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